En pedir no hay engaño

Susana Jiménez

Es increíble como en nuestro país se instalan ideas que muchos repiten para sacarle provecho político. Así nos hemos acostumbrado a escuchar que todo esfuerzo fiscal propuesto por el Gobierno es “insuficiente”. Da igual si Chile está entre los 10 países del mundo que más han gastado como porcentaje del PIB o que se hayan sobrepasado con creces los US$ 12.000 millones acordados con la oposición para mitigar el impacto de la crisis sanitaria; lo importante es corear que sigue siendo poco.

No pretendo desconocer que hay muchos compatriotas que enfrentan serias necesidades, agudizadas por el confinamiento y la pérdida de empleo, pero de ahí a utilizar su situación para reflotar objetivos ideológicos parece, a lo menos, audaz.

Ya hace varios años que algunos vienen cuestionando la focalización de la política social, queriendo cambiarla por beneficios universales, lo que ha retomado vuelo con la pandemia. Los argumentos van desde problemas de implementación y malos incentivos, hasta un cambio de paradigma necesario para enfrentar la desigualdad existente. Esto explica la propuesta original de educación superior gratuita para todos, o desaguisados tales como que “hay que sacarle los patines” a unos, en vez de nivelar hacia arriba a los otros.

La crisis sanitaria ha dado pie a exigir bonos sin requisito de elegibilidad, ingresos para casi todos y pensión básica universal. El debate constitucional, a su turno, gira en torno a quien propone más derechos garantizados, sin atender a diferencias socioeconómicas ni limitaciones de los recursos del Fisco. De ahí estaremos a un solo paso para exigir nuevas alzas de impuestos porque, aunque la torta sea la misma (o más pequeña), le habremos sumado cada vez más comensales.

¿Por qué terminar con la focalización? Algunos postulan que durante la pandemia no se habría sido capaz de detectar oportunamente las necesidades de las personas, y que sería más simple entregar recursos en forma incondicional, aunque no lo necesiten (ganando, de paso, algunos votos electorales). Pero hay en ello errores técnicos, prácticos y éticos.

Chile no es un país rico y, de seguir como vamos, no lo será tampoco en el mediano plazo. La escasez de recursos, enfrentada a una multiplicidad de necesidades, obliga a racionalizar y priorizar el gasto público. La estrategia de focalización no sólo es menos onerosa que entregar beneficios universales, sino además es más justa, pues a igual cantidad de recursos, permite darles más a los más vulnerables.

Por su parte, la capacidad de identificar y seleccionar a los beneficiarios de prestaciones sociales ha mejorado sustancialmente tras 40 años de experiencia, siendo el Registro Social de Hogares un instrumento eficaz para la caracterización de los hogares. Es evidente que esta herramienta es perfectible, pero tiene la virtud de direccionar los recursos hacia quienes más lo necesitan.

Por último, no es correcto traspasar la carga de decisiones presentes a las generaciones futuras. La pandemia ha obligado a tomar decisiones extraordinarias de gasto, traduciéndose en un fuerte déficit fiscal y un aumento significativo de la deuda pública. Si sólo se tratara de un alto gasto transitorio no debería haber consecuencias mayores. El problema es que en Chile estamos habituados a que todo lo transitorio se vuelve permanente, y si no se logra la acordada convergencia fiscal -que a la luz del debate político pareciera difícil de cumplir-, la deuda seguirá creciendo, dificultando el acceso a crédito y nuestra capacidad de inversión y crecimiento, con la consecuente reducción de recursos disponibles para financiar programas sociales en el futuro.

Dicen que “en pedir no hay engaño”, pero cuando se da en períodos eleccionarios es mejor tener cuidado, porque alguien siempre terminará pagando la cuenta.